Mié. Feb 5th, 2025

El Gobierno español ha evitado la implementación de nuevos peajes en carreteras, argumentando que la inflación afecta gravemente los costos del transporte. A cambio, se impulsará el transporte ferroviario y se extenderá la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible hasta finales de 2024.

La inflación en el sector del transporte ha tenido un impacto profundo en los costos operativos, lo que ha provocado que el Gobierno español elimine la obligación de imponer nuevos peajes en las carreteras. La Comisión Europea ha aceptado esta decisión apoyándose en que la inflación sigue afectando significativamente a los costos del transporte, y gravar aún más a un sector esencial para la economía sería perjudicial.

El compromiso, que fue objeto de intensas negociaciones, se logró recientemente y se basa en un cambio radical en los precios de la energía y las materias primas, causado por la guerra en Ucrania. En el año 2022, el sector del transporte en España protestó por el aumento de los costos operativos, lo que llevó al Ministerio de Asuntos Económicos y a La Moncloa a esforzarse por no imponer más cargas financieras, como peajes, a este sector que sigue siendo subvencionado por el gobierno.

Además de la eliminación de los peajes, se acordó que España fomente el transporte ferroviario, lo que beneficiará al Corredor Mediterráneo. Estos cambios se reflejarán en la Ley de Movilidad Sostenible, cuya entrada en vigor se retrasará hasta finales de 2024. Así, España logra eximir a los transportistas de nuevos peajes en medio de la inflación y ha acordado medidas para impulsar el transporte ferroviario y aprovechar al máximo los fondos europeos.

España logra acuerdo con la UE para extender el uso de 93.500 millones de euros en fondos europeos más allá de 2026

Este acuerdo entre España y la UE pone fin a más de un año de intensas negociaciones. El Gobierno español espera aprovechar al máximo los 93.500 millones de euros de fondos europeos, extendiendo su uso más allá de 2026. Para ello, se ha acordado que agencias empresariales públicas puedan gestionar las inversiones, permitiendo prórrogas en proyectos complejos.

También se han realizado cambios en las líneas de financiación de los 83.500 millones de euros en préstamos, aumentando los créditos gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en colaboración con bancos privados a 39.500 millones de euros.

En un momento de encarecimiento de la financiación, las empresas tendrán acceso a líneas de financiación a 30 años con un periodo de carencia de 10 años al mismo costo que la Comisión Europea en los mercados de deuda. Esto proporcionará a España una ventaja significativa en términos de financiamiento de proyectos.